WASHINGTON, DC – El juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comienza el miércoles. Los republicanos de la Cámara de Representantes lo acusan de violar la Constitución al negarse a hacer cumplir las leyes de seguridad fronteriza, por lo que votaron a favor de enviar artículos de juicio político al Senado de Estados Unidos.
No se espera que el juicio dure mucho. Los demócratas controlan el Senado y probablemente votarán para posponer el tema o desestimarlo por completo.
Mientras tanto, algunos de los republicanos de la Cámara de Representantes que han estado liderando el proceso de destitución de Mayorkas aprovecharon la oportunidad para interrogarlo el martes, cuando visitó el Capitolio para buscar dinero para su departamento.
La discusión sobre las asignaciones programadas se convirtió más bien en una prueba de lo que se podría esperar de cualquier procedimiento de impeachment en el Senado.
Los legisladores lanzaron inmediatamente acusaciones contra el secretario Mayorkas, incluido el de que no cumplió su juramento de proteger a Estados Unidos.
«Usted se ha negado a seguir las leyes aprobadas por el Congreso y ha violado la confianza pública. Usted facilitó niveles récord de inmigrantes ilegales desde su primer día en el cargo», dijo el representante Mark Green (R-TN) durante sus declaraciones de apertura.
El secretario Mayorkas, sin embargo, intentó darle la vuelta a sus acusadores, diciendo que los legisladores son responsables de cambiar el sistema de inmigración en general, así como de proporcionar más recursos para la Seguridad Nacional.
«El Congreso no ha actualizado nuestras leyes de control de inmigración desde 1996, hace 28 años. Y sólo el Congreso puede satisfacer nuestra necesidad de más agentes de patrulla fronteriza, oficiales de asilo, jueces de inmigración, instalaciones y tecnología», dijo el Secretario.
«En ese reclamo de ‘más recursos, para que podamos cumplir con las leyes’, en realidad, en este presupuesto, se están reduciendo las camas de detención solicitadas por ICE. Eso me parece ilógico», respondió el representante Green.
Mientras tanto, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes examinó cómo la crisis fronteriza está afectando la seguridad pública.
«No sorprende que la frontera abierta haya atraído a muchos inmigrantes ilegales con antecedentes penales», dijo el presidente del comité, el representante Glenn Grothman (R-WI).
Entre los testigos se encontraban sheriffs de Texas y Virginia, quienes dicen que dos problemas importantes que enfrentan las autoridades se derivan de una frontera abierta: el fentanilo y la afluencia de inmigrantes ilegales.
«El impacto en nuestra cárcel del condado es que tenemos una población promedio de 4,200 personas, seis por ciento de esa población son generalmente extranjeros ilegales. De esos 264 bajo custodia, supuestamente han cometido 178 delitos violentos, incluidos ocho asesinatos y 44 agresiones sexuales. de niños», dijo el sheriff del condado de Terrant, Texas, Bill Waybourn.
«En el condado de Loudoun, tenemos un promedio de alrededor de 150 sobredosis por año y alrededor de 24 muertes. Desafortunadamente, hemos visto un aumento significativo en el uso de drogas y las sobredosis entre los jóvenes», dijo el sheriff del condado de Loudoun, Virginia, Mike Chapman.
Los demócratas también intentaron reorientar esa conversación, argumentando que, según datos policiales, los ciudadanos estadounidenses cometen la mayoría de todos los delitos violentos.
Pero el ex fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, respondió que los delitos cometidos por quienes ingresan ilegalmente al país son extremadamente difíciles de rastrear y que el caos fronterizo, que contribuye directamente a la delincuencia y al sufrimiento humano, podría evitarse.
«Cada entrada ilegal a Estados Unidos es un delito. La tasa de criminalidad entre los inmigrantes ilegales es del 100 por ciento; cada uno de ellos cometió un delito cuando entró ilegalmente», dijo Cuccinelli.
Durante la audiencia sobre el presupuesto, Mayorkas dijo a los legisladores que cualquier persona considerada una amenaza para la seguridad nacional corre el riesgo de ser detenida y expulsada.
Sin embargo, cuando se le preguntó si podía garantizar que ningún miembro de organizaciones terroristas hubiera obtenido la libertad condicional durante su mandato, se negó a responder.
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