Jubilado británico juzgado por ofrecerse a hablar con mujeres en embarazos críticos

Una científica médica jubilada de Bournemouth, Inglaterra, será juzgada por sus acciones cerca de un centro de abortos, donde se ofreció a entablar conversaciones con mujeres que experimentaban embarazos en crisis. El caso trata sobre la Orden de Protección de Espacios Públicos (PSPO), que entra en conflicto con la libertad de expresión.

Livia Tossici-Bolt, de 62 años, se encontró en problemas legales después de sostener un cartel que decía «Aquí para hablar, si quieres» cerca de una clínica de abortos en Bournemouth, dijo el grupo legal y de derechos humanos ADF International, que representa el pensionado. El simple acto la llevó a ser acusada de violar una ordenanza local de “zona de amortiguamiento”, que prohíbe cualquier forma de expresión que pueda considerarse como una aprobación o desaprobación del aborto.

Tossici-Bolt sostiene que no infringió la PSPO y que tiene derecho a ofrecer conversaciones consensuales en virtud del artículo 10 de la Ley de Derechos Humanos. Su negativa a pagar la Notificación de Pena Fija emitida por las autoridades locales la ha llevado a enfrentar cargos, con un juicio pendiente en el Tribunal de Magistrados de Poole, dijo el grupo.

“Todos condenamos el acoso. Pero las ‘zonas de amortiguamiento’ están llegando incluso a criminalizar actividades que son pacíficas y útiles”, afirmó Tossici-Bolt. “Desde hace varios años, he estado ofreciendo una mano amiga a las mujeres que quisieran considerar otras opciones al aborto, y señalándoles opciones donde pueden recibir apoyo financiero y práctico, si eso es lo que desean. No hay nada de malo en ofrecer ayuda. No hay nada de malo en que dos adultos entablen una conversación consensuada en la calle. No debería ser tratado como un criminal sólo por esto”.

El gobierno del Reino Unido estableció recientemente zonas de amortiguamiento alrededor de los centros de aborto a través de la PSPO, con el objetivo de evitar cualquier forma de influencia. Esta legislación ha generado controversias y críticas, particularmente en relación con la posible vulneración de la libertad de expresión y el derecho a entablar conversaciones consensuales.

El Ministerio del Interior ha participado en la redacción de directrices para garantizar que estos derechos estén protegidos en medio de llamamientos de algunos miembros del Parlamento para revocar estas protecciones.

Jeremiah Igunnubole, asesor legal de ADF UK, criticó la naturaleza vaga de las leyes locales sobre zonas de amortiguamiento y la criminalización de personas como Tossici-Bolt por ofrecer asistencia a mujeres necesitadas. Abogó por la protección de la libertad de pensamiento y expresión, tanto dentro como fuera de las zonas de amortiguamiento, en consonancia con las normas del derecho internacional.

En un incidente relacionado, Tossici-Bolt experimentó una confrontación por parte de agentes por supuestamente violar la zona de amortiguamiento, acusación de la que luego se retractó el Consejo de Bournemouth, Christchurch y Poole. Se disculparon por la angustia causada a Tossici-Bolt y reconocieron la confusión sobre su ubicación en relación con la zona de amortiguamiento.

Igunnubole comentó además sobre las implicaciones más amplias de dicha aplicación, cuestionando la legitimidad de criminalizar los puntos de vista provida en espacios públicos y criticando la presentación de las prohibiciones de las zonas de amortiguamiento como medidas contra el acoso y la intimidación. Señaló la ausencia de condenas por acoso e intimidación entre los voluntarios de la vigilia provida en el Reino Unido durante las últimas cuatro décadas, desafiando la narrativa de que estos voluntarios representan una amenaza significativa.